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C

APÍTULO PRIMERO

LA INFORMACIÓN Y EL DERECHO

1. Determinación del objeto de estudio . . . . .

5

2. Comunicación e información . . . . . . . . .

8

3. Importancia de la información desde el punto

de vista jurídico . . . . . . . . . . . . . . . 16

4. La información jurídica y la crisis en su manejo 26

C

A PÍT U L O PRIM E RO

L A IN F ORM A C IÓN Y EL DEREC HO

1. D

ETERM IN A C IÓN D E L OBJETO D E ESTU D IO

C omo hemos señalado en la introducción, la informática y el

derecho han venido interrelacionándose de una manera tal que es

necesario analizar los puntos en común, determinando esta rela-

ción desde la regulación de las normas jurídicas mexicanas: desde

la C onstitución de 1917 con todas aquellas reformas relacionadas

con el tema, hasta las disposiciones legales inferiores publicadas en

el Diario Oficial de la F ederación o en las gacetas, boletines,

diarios o periódicos oficiales de las entidades federativas.

L a informática, palabra compuesta por los términos “informa-

ción” y “automática” , es la ciencia del tratamiento automático o

automatizado de la información, primordialmente mediante las

computadoras.



E sta ciencia se ha venido relacionando con el derecho a través

de dos vías; por un lado, la informática jurídica, y por otro, el de-

recho de la informática.

L o que nosotros consideramos necesario delimitar en el pre-

sente estudio son aquellos antecedentes, desarrollos y alcances de

cada una de las relaciones anteriormente señaladas, esto es, cuáles

son los elementos más importantes tanto de la informática jurídica

como del derecho de la informática que necesariamente nos han

llevado hoy en día a los estudiantes de derecho a descubrir una

5



F ix F ierro, H éctor, Informática y documentación jurídica, M éxico, U N A M ,

F acultad de D erecho, 1990, p. 43.

nueva disciplina de estudio en el campo de lo jurídico: el derecho

y la informática.

E s importante hacer mención de que de la relación informática

y derecho da lugar a la interrelación de otras disciplinas tan

importantes que los abogados no debemos perder de vista, sobre

todo cuando estamos en presencia de la informática jurídica; éstas

son la lingüística, la documentalística, la estadística, la sociología

y la pedagogía; y como fuentes filosóficas de interconexión que

desde un punto de vista normativo vamos a necesitar conocer,

están la lógica jurídica como la argumentación jurídica (es pertinente

aclarar desde un principio que, al estar en presencia de informa-

ción jurídica, tenemos que hablar de tratamiento de la información

jurídica, como lo vamos a ver más adelante).

D esde la óptica de lo sociológico, consideramos necesario

apuntar que el desarrollo de la rama jurídica asociada a la

informática está en relación estrecha con el grado de difusión de

esta tecnología, pero más aún con el tipo de políticas públicas

aplicadas, por lo que mención y trabajo importante resultan los

esfuerzos, que a la fecha son escasos, que han efectuado nuestras

autoridades en la reglamentación de la relación planteada. Por

tales motivos, nuestra materia recibe un freno importante en su

desarrollo doctrinal y normativo, por lo que estamos seguros de

que necesariamente tiene que llevar a los estudiosos del derecho

a plantear posibles vías de solución. N osotros, desde el presente

trabajo, tratamos de apuntar nuestras opciones.

T ambién es necesario reconocer que existe hoy día, sobre todo

en E uropa y A mérica, un proceso de adecuación y creación de

normas jurídicas para responder al impacto multifacético de la

informática; en tales normas encontramos ciertos rasgos comunes.

Sin embargo, lo que en sí se diferencian es en los antecedentes

que sirvieron de base para dictar tales normas. Sobre este tema

identificamos dos vertientes; por un lado, la de los países europeos

y las naciones avanzadas de A mérica que, por una serie de

aplicaciones políticas en el desarrollo o difusión de la informática,

han tenido que legislar al respecto, y, por el otro, aquellos países

6

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O

que tienen arraigado un cierto reconocimiento de garantías o dere-

chos subjetivos públicos mínimos y, a la vez, modernos como se

han dado en A rgentina, Perú o C olombia, por mencionar algunos.

Sin embargo y como ha quedado precisado, nuestro fin primor-

dial es centrarnos en el estudio de estas relaciones con base en el

derecho mexicano desde una perspectiva pública, privada o social,

y esto es así, porque la consideración más importante de nuestro

trabajo, que de manera permanente la encontraremos en cada uno

de los capítulos y subcapítulos, es la información, y ya que la

misma rige respecto a las decisiones particulares, al E stado le

corresponde aportar también lo suyo.

A hora bien, antes de continuar señalando los elementos esen-

ciales de nuestro objeto de estudio, es pertinente aclarar que para

la relación informática y derecho necesitamos estudiar las normas

jurídicas; esto es, el jurista, como lo señala H ermilio T omás

A zpilcueta, nunca debe ignorar la realidad, se ve abocado al

examen y estudio de muy complejas situaciones imposibles de

resolver en el terreno de una sola de las especializaciones. Se

produce así el examen diversificado de una sola cuestión. A hí la

perfección del análisis se pierde, resultando frecuentes las contra-

dicciones por confusión de conceptos. L as necesidades actuales

exigen amplitud de bases y por eso debemos decidirnos por una

posición intelectual jurídica amplia, debemos buscar la integración

del derecho en esta disciplina.

E l estudio del derecho y de la informática debe ser interdisci-

plinario, puesto que abarca simultáneamente numerosos dominios

del derecho, por la vocación de la informática de ser aplicada a

los más vastos sectores.

A propósito de esta característica, cabe destacar, en un princi-

pio, que otros países han orientado este derecho hacia el derecho

público general mediante leyes especiales. L e han atribuido

esencialmente el carácter o el fin jurídico de la protección, esto

ha sucedido, como lo hemos señalado, en países como F rancia,

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

7

A zpilcueta, H ermilio Tomás, Derecho informático, Buenos A ires, A beledo Perrot,

1987, p. 11.

A lemania, A ustria, C anadá, D inamarca, E stados U nidos, L uxem-

burgo, N oruega y Suecia.

E s importante señalar que hoy día, por el desproporcionado

crecimiento informático y por el descubrimiento de la eficacia del

manejo y utilización de estas herramientas, muchas relaciones

públicas o privadas se enfocan en la aplicación informática jurídica

o bien, en la conexión derecho de la informática.

A hora bien, sabemos que durante los siglos X V III, X IX y X X ,

Occidente ha desarrollado las potencialidades propias del racio-

nalismo y, con ellas, ocurrió la revolución industrial, el pensa-

miento analítico, el movimiento de las codificaciones escritas, la

aparición de la burocracia, de la tecnocracia, con la electrónica y

la cibernética y con ésta vemos el surgimiento de la informática,

que ya es un fenómeno social y, como tal, ha llegado a ser no

solamente objeto de programación económica y materia de refle-

xión por parte de la ciencia sociológica, sino también de estudio

y aplicación en el campo jurídico, que está siendo condicionado

por los niveles de conocimientos científicos y de técnicas creativas.

D e ahí que las transformaciones y los avances técnicos que en

este terreno se producen tienen que determinar un inevitable

influjo en el cambio jurídico y en los sistemas y métodos tradicio-

nales en la enseñanza del derecho, pues tanto éste como la

profesión jurídica no pueden ignorar un fenómeno de este tipo,

tan impresionante y penetrante en sus numerosas facetas.

!

C onsiderando estos contenidos, es necesario retomar entonces

lo propiamente particular de otra conexión muy importante que

encontramos en un primer paso en la relación informática y

derecho; esto es, la comunicación y la información.

2. C

OM U N IC A C IÓN E IN F ORM A C IÓN

L a comunicación, por ser un proceso social fundamental, se ha

convertido en una de las más importantes encrucijadas en el

8

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O

!

Rivera L lano, A belardo, Derecho e informática, Bogotá, M inisterio de Justicia,

E scuela Judicial “ Rodrigo L ara Bonilla” , 1987, p. 13.

estudio de la conducta humana. Sin la comunicación no existirían

los grupos humanos. D ifícilmente se puede teorizar o proyectar

investigaciones en cualquier campo de la conducta sin antes haber

elaborado algunas hipótesis respecto a la comunicación humana.

D ebe considerarse, primeramente, que la comunicación es un

concepto, entendiendo éste como un término que describe fenóme-

nos con características y significados comunes: “un concepto es,

pues, un símbolo de los objetos o fenómenos que estudiamos, es un

término que se refiere a elementos o cualidades comunes” .

"

Para definir el concepto de comunicación, es necesario concebir

al hombre en su esfera personal, a través de la cual transmite su

medio ambiente, todo lo que le rodea y vive, sus experiencias y

su desarrollo interior, a otro hombre, de la misma forma, su propia

esfera personal, que en determinado caso es similar, coincidente

o común.

L a palabra comunicación tiene, entonces, como raíz la idea de

poner en común. N o es exagerado preguntarse si la palabra

comunidad, tan ampliamente utilizada por los profesionales de las

ciencias sociales, está ligada al hecho de que las personas tienen

algunas cosas en común, y si no sería más prudente relacionarla

con el acto de la comunicación si éste se define a partir de lo que

las personas tienen en común. E llo quiere decir que no existe

forzosamente comunidad allí donde las personas tienen algo en

común; pero esto último no se manifiesta sino a partir de actos

visibles, actos de comunicación, reveladores indispensables de la

existencia de elementos comunes entre seres.

#

D e lo anterior podemos deducir que los elementos en común

de dos o más personas pueden estar situados en un lugar, tiempo

y espacio, pero que a la vez manifestados (emisor)en su diferentes

medios (canal), que captados de manera total (receptor), forman

el proceso de comunicación.

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

9

"

Blake, H . Red y H aroldsen, O. E dwin, Taxonomía de conceptos de la

comunicación, M éxico, N uevomar, 1977, pp. 20 y ss.

#

M oles A ., A braham y Rohmer, E lizabeth, Teoría estructural de la comunicación

y sociedad, M éxico, Trillas, 1983, pp. 14 y ss.

A delantándonos, quizá arbitrariamente, haremos referencia al

proceso de comunicación, en términos generales, y señalaremos,

con E ugene H artley y Ruth H artley, que el proceso de comunica-

ción es la base de todo lo que llamamos social en el funcionamiento

del organismo viviente. E l hombre resulta decisivo para el desa-

rrollo del individuo, para la formación y la existencia ininterrum-

pida de grupos y para sus interrelaciones.

$

D e tal modo, se define la comunicación como la exteriorización

del pensamiento del hombre dentro de su esfera personal, median-

te un proceso de transmisión, a través de un canal a otra persona

con el fin de ejercer en esta última cierta interacción o producir

en él algún estímulo.

A simismo podemos decir que la comunicación es la transmisión

de información, ideas, emociones, habilidades, etcétera, mediante

símbolos: palabras, imágenes, cifras, gráficos, entre otros.

H emos considerado que el proceso de comunicación está

representado en términos generales por un emisor, un transmisor

o canal que lleva implícito el mensaje así como por un receptor.

E l proceso de comunicación, según Blake y H aroldsen, parte

de una serie de elementos básicos, de los cuales, para efectos de

este trabajo, solamente estimaremos los más convenientes para

nuestro fin.

%

E l lenguaje es el único tipo de conducta social cuya función

primaria es la comunicación. E s un sistema de símbolos orales

y escritos que los miembros de una comunidad social utilizan de

un modo bastante uniforme para poner de manifiesto su signi-

ficado.

&

Por tanto, el lenguaje es el medio más importante de exteriori-

zar el conocimiento en todas las facetas de la actividad humana,

por lo que resulta ser un elemento indispensable para el logro del

proceso de comunicación.

10

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O

$

H artley, Eugene et al., The Importance and Nature of Comunication, F undamental

of Social Psycology, N ueva Y ork, A lfred A . K nopf Inc., 1972, p. 43.

%

Blake, Red H . y H aroldsen, E dwin O., Taxonomía de conceptos de la

comunicación, pp. 3 y ss.

&

Idem.

Por otro lado, y al determinar los tipos de lenguaje que existen,

podemos afirmar que el lenguaje natural es la forma de comuni-

cación entre seres humanos. A esta comunicación habrá que

agregar el idioma, que es una característica que distingue a una

comunidad o grupo de individuos de otra.

E n cuanto el lenguaje informático, éste no es más que el

seguimiento de una serie de reglas rígidas que un programador

utiliza para que se cumpla un proceso de comunicación entre el

usuario y la máquina.

L a diferencia esencial entre uno y otro es que el programador

tiene que incorporar a la máquina un conjunto explícito de reglas

cuidadosamente preparadas, que permita extraer el significado de

toda posible oración con la que se enfrente. L os lenguajes

humanos, por el contrario, crecen de modo orgánico. L os indivi-

duos crean constantemente nuevas estructuras gramaticales que

sirven a su necesidad de enfrentarse con el curso imprevisible de

la vida diaria.

'

Podemos también señalar que las tres funciones principales del

lenguaje son: a) Ser el vehículo primario para la comunicación;

b) Reflejar simultáneamente la personalidad del individuo y la cul-

tura de su sociedad. C ontribuye, a su vez, a plasmar tanto la sociedad

como la cultura; c) H acer posible el crecimiento y la transmisión

de la cultura, la continuidad de las sociedades y el funcionamiento

y control efectivo de los grupos sociales.



L a ciencia que estudia el lenguaje, su desarrollo e investigación

es la lingüística, tema en el que se abundará al hablar de la

informática jurídica documental.

E s conveniente determinar al hablar del símbolo como elemento

del proceso de comunicación que es la forma más sencilla de

expresión de un pensamiento.

L os símbolos son, entonces, las unidades básicas de los sistemas

de comunicación. Pueden ser verbales, como en el lenguaje

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

11

'

Penzias, A rno, Ideas e información, M adrid, F undación para el D esarrollo de la

F unción Social de las C omunicaciones, 1990, p. 55.



K reech, D avid et al., Individual in Society, N ueva Y ork, M cG raw-H ill Book

C ompany Inc., 1962, p. 45.

hablado; gráficos, como en la palabra escrita, o de representación,

tal como una bandera, una insignia, etcétera.



E n cuanto el emisor y el receptor, éstos constituyen dos

elementos indispensables para que el proceso de comunicación

cumpla sus funciones en forma completa.

E misor es la persona que enuncia el mensaje en un acto de

comunicación. E s la fuente de donde emana el mensaje o la idea

de comunicación. E l receptor es la persona que recibe el mensaje

en un proceso de comunicación.

E l problema que se han planteado los estudiosos de la comuni-

cación es la relación que existe entre uno y otro.

L os problemas de relación se refieren al análisis del tipo de

situaciones (emisor, canal, receptor) que construyen el acto de la

comunicación: “ quién habla a quién”, comunicación entre seres

de la misma especie o entre especies diferentes, del hombre al

perro o a la computadora.



Otra cuestión importante de señalar es el alcance de ese proceso

de comunicación entre el emisor y el receptor, pues si bien es

cierto que el mensaje constituye otro de los elementos indispen-

sables en este proceso, ¿hasta qué punto el mensaje contiene

información? y ¿cuándo podemos identificar la información en un

proceso de comunicación?

Por otro lado, es conveniente hablar del mensaje. É ste se

constituye por la señal que contiene un significado para el trans-

misor y para el receptor, cualquiera que sea el significado que éste

pueda captar en la señal. E stas señales sólo poseen los significados

que por convenio o experiencia se les da.

C ualquiera que sea el canal fisiológico por el cual acceda a la

integración cerebral, el hombre conoce, en estado puro, dos clases

de mensajes. D e manera general los llamaremos: mensajes semi-

óticos, que son aquéllos que hacen uso de los signos convencio-

nales arbitrarios, conocidos tanto por el emisor, como por el

12

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O



Blake, Red H . y H aroldsen, E dwin O., Taxonomía de conceptos de la

comunicación, p. 9.



M oles A ., A braham y Rohmer, E lizabeth, Teoría estructural de la comunicación

y sociedad, p. 17.

receptor; signos que no pretenden tener ninguna similitud con los

elementos que representan: fonemas o letras, números o signos,

y que no entrañan ninguna relación más que la convencional con

el universo que expresan. Por otro lado, tenemos los mensajes

morfológicos, que son aquéllos cuya esencia es una Gestalt,

!

una

forma que presenta un carácter cualquiera de analogía con la

percepción que debe construir el objeto de una experiencia vicaria:

las imágenes y los ruidos son el ejemplo más simple.

"

C onforme a lo establecido anteriormente, los mensajes están

compuestos de signos. L a ciencia que se encarga del estudio de

los signos es la semiótica.

M orris

#

divide la semiótica en tres áreas: a) L a pragmática,

que es la relación entre signos y sus efectos sobre quienes hacen

uso de ellos; b) L a sintaxis, que es la que se ocupa de la relación

de los signos entre sí, y c) L a semántica, que se ocupa del

significado de los mensajes.

A unque Blake y H aroldsen

$

no mencionan el canal como un

elemento del proceso de comunicación, es importante señalar que

es el medio por el cual el mensaje es conducido a su objetivo; es

decir, al receptor.

U n canal puede ser el propio lenguaje, ya sea oral o escrito,

sólo que en el lenguaje escrito se puede utilizar el papel como

medio para que se cumpla el proceso de comunicación.

Y a nos hemos referido al proceso de comunicación entre dos

personas previamente identificadas que de tal forma se encuentran

aisladas de manera voluntaria al medio ambiente social y al que

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

13

!

É sta es una teoría de origen netamente psicológico, la cual conviene en señalar que

el todo es siempre distinto de la suma de sus partes, por lo que, consecuentemente, un

grupo de individuos tienen una realidad diferente a la de cada uno de los miembros que lo

integran. E s conocida como teoría de la forma o de la complexión.

"

M oles A ., A braham y Rohmer, E lizabeth, Teoría estructural de la comunicación

y sociedad, pp. 31 y ss.

#

M orris, C harles, citado por D orfles, G illo, La ventana electrónica, TV y

comunicación, M éxico, Eufesa, 1983, p. 43.

$

Blake, Red H . y H aroldsen, E dwin O., Taxonomía de conceptos de la

comunicación, pp. 3 y ss.

se hallan relacionadas. A lgunos autores como A . M oles llaman a

esto “ comunicación interpersonal”.

D esde este punto de vista, es necesario señalar que también

existe la comunicación a la que autores como el anteriormente

citado han llamado “comunicación de difusión”, que utiliza como

canal los medios de comunicación masiva. El medio de comunica-

ción colectivo es simplemente un comunicador en el que la

relación de salida a entrada es muy grande.

E n la mayoría de los países, la investigación acerca de la

comunicación se ocupa de todas las formas en que se verifica el

intercambio de ideas y en las que éstas se comparten. A sí, se habla

tanto de comunicación de masas como de comunicación interper-

sonal.

C omo ya se afirmó, la comunicación es por sí sola un proceso

social que depende únicamente del hombre, pues éste desea influir

en toda forma en el medio que lo rodea, en su propio desarrollo

y en la conducta de los demás.

E l concepto información resulta demasiado ambiguo frente a

otras disciplinas; esto es, no podemos hablar del mismo concepto

en el ámbito de la comunicación como en el de la informática o

específicamente del derecho.

E sto es porque el contenido forma el esqueleto de la informa-

ción, por lo que dependiendo de éste se determinará el área de

aplicación. Sin embargo, uno de los fines que pretendemos lograr

con el presente estudio es tratar de unificar un solo concepto para

las materias que entrañan el presente trabajo. Si con anterioridad

hablábamos de la interconexión de disciplinas jurídicas, hoy nos

toca iniciar con la relación de la información, en su amplitud

conceptual, para especificarla en el ámbito de lo jurídico; no

dejamos de apuntar que resulta arriesgado universalizar un con-

cepto arbitrariamente sin establecer que en cada forma de cono-

cimiento pueden aparecer enfoques diferentes.

Si bien es cierto que el concepto de información gira al margen

de otras tantas disciplinas, hoy nos planteamos la posibilidad de

que ésta fuese una sola área de conocimiento autónoma; es decir,

14

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O

hablar de información como un ente independiente el cual cada

día se genera de forma dinámica.

L a información estudia la exteriorización del pensamiento

humano; es el conjunto de datos que hace posible dar forma y

contenido de todo el medio ambiente que le rodea y que permite

por algún medio (signos, señales, lenguaje)ser asimilado ante otro

ser de su misma especie y provocar efectos en él, con el ánimo

de crear, instruir, ordenar, culturizar y educar, entre otros aspectos.

C onviene distinguir la información de los datos, en virtud de

que éstos son una serie de hechos o acontecimientos que describen

o se relacionan con una situación u objeto determinado; y, en la

medida que se acumulan y se hacen útiles, adquieren el carácter

de información. Significa para nosotros que el dato, mientras no

proporcione un interactuar en materia de decisiones propias o

personales del receptor, no será información.

E l concepto anterior nos lleva a retomar la afirmación de que

la información es una medida de la comunicación. E sto puede

surgir de la necesidad de que el individuo pueda sufrir algún efecto

o no de lo que recibe de otro individuo de la misma naturaleza.

E ntonces, la medida de la comunicación se relaciona, de alguna

manera, con la cantidad de la física del tiempo durante el cual el

emisor se manifiesta “ vicariamente” por medio de un mensaje,

dentro del campo de percepción del receptor. N o obstante,

también podemos medirla a partir de la intensidad de su efecto,

del impacto de esa presencia vicaria, la cual se encuentra ligada

a las características intrínsecas del mensaje. Por supuesto, hay

mensajes que ejercen más influencia que otros, no importa cual

sea su duración, así como hay otros más imponentes, puesto que

modifican con mayor intensidad el medio ambiente del receptor.

%

E n consecuencia, la información como concepto desde un punto

de vista general representa la forma más precisa para determinar

que el contenido en un proceso de comunicación implica algo entre

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

15

%

M oles A ., A braham y Rohmer, E lizabeth, Teoría estructural de la comunicación

y sociedad, pp. 38 y ss.

los dos sujetos activos. E stos dos últimos serán los que determinen

la clasificación de la información, pues toda ciencia es tratada de

manera independiente y cuyas características hace que se diferen-

cie la información unas de otras.

Información, del latín informatio, -onis, “implica comunica-

ción o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o

precisar los que se poseen sobre una materia determinada”.

&

Información, que supone ya el infinitivo latino informare

permite una comprensión intuitiva del significado de la informa-

ción; es decir, “poner en forma, crear, representar, presentar

ordenadamente”.

Para José Paoli,

la información se debe entender como un conjunto de mecanismos que

permiten al individuo reformar y organizar los datos del medio para que,

estructurados de una manera determinada, le sirvan de guía de acción [...] a

través de la información, el individuo orienta su acción, se conduce de un

modo u otro, asume actitudes y conductas ante el mundo. E n este sentido

podemos decir que nuestra comunicación está informada. Informamos los

datos al darles un sentido condicionado por nuestro contexto y educación.

'

3. I

M PORT A N C IA D E L A IN F ORM A C IÓN

D E SD E E L PU N T O D E V IST A JU RÍD IC O

C omo ya lo hemos señalado, el concepto de información puede

tener diversas acepciones de conformidad con la materia de estu-

dio. Para lo que nos interesa, debemos considerarla desde un punto

de vista jurídico. Por tal, debemos decir que es un derecho

fundamental reconocido por la doctrina, la legislación y la juris-

prudencia denominado derecho a la información.

E l derecho a la información ha sido analizado en cuanto a su

naturaleza jurídica por varios autores,



ante eso, simplemente nos

16

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O

&

Real A cademia Española, Diccionario de la lengua española, 21a. ed., M adrid,

1992.

'

Paoli, José, citado por L ópez A yllón, Sergio, El derecho a la información, M éxico,

M iguel Á ngel Porrúa, 1984, p. 36.



A sí tenemos entre otros, a Sergio L ópez A yllón, José Barragán, Ignacio Burgoa,

Jorge C arpizo, Juventino C astro, C arlos Ortiz T ejeda.

resta considerar que estamos en presencia de un derecho social e

individual, por medio del cual se garantiza que el gobernado esté

debidamente enterado de los diversos procesos o factores de

diversa índole —social, político, o económico— que se realicen

en la sociedad y que afecten o no a la misma.

D e lo anterior podemos deducir que el derecho a la información

es reconocido como un derecho mixto; es decir, tanto individual

como social, que contiene efectos dirigidos a diversos ámbitos.

E xplicaremos con mayor detalle esta pasada afirmación.

D esde el plan básico de gobierno para 1976-1982, se plantea

el derecho a la información como una nueva dimensión de la

democracia y como la fórmula eficaz para respetar el pluralismo

ideológico; por ello no debe extrañar que el gobierno federal con-

vocara a una consulta nacional con el objeto de determinar el

contenido de la reforma política. E n ella se hizo referencia al

derecho a la información como un problema fundamentalmente

político y social. A l respecto se expresaba que el E stado mexicano

debía estimar, como parte fundamental de la reforma política,

aquélla respecto a los medios para así establecer constitucional-

mente, al lado de la libertad de expresión, la garantía social de la

información.

E n octubre de 1977, el entonces presidente de la República

remitió a la C ámara de D iputados el proyecto de reformas

constitucionales que conformarían el marco jurídico de la refor-

ma política. L a reforma al artículo 6o. constaba de la adición de

diez palabras en su parte final, cuyo texto, hasta la fecha señala:

“ el derecho a la información será garantizado por el E stado”.

D e la exposición de motivos se desprende que la finalidad

inmediata de esta adición era facilitar a los partidos políticos el

acceso a los medios de comunicación, bajo la garantía del E stado.

Por su parte, el artículo 41 de la C onstitución se modificó en uno

de sus párrafos, al decir: “ los partidos políticos tendrán derecho

al uso en forma permanente de los medios de comunicación social,

de acuerdo con las reformas y procedimientos que establezca

la ley”.

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

17

D e lo anterior se desprende que el marco en el que se efectúa

la reforma al mencionado artículo 6o. es la reforma política.

A hora bien, y en razón de la circunstancia anterior, surge la duda

de si sólo se pretendió facilitar el acceso a los partidos políticos a

los medios de comunicación social o se intentó consagrar a favor

de todos los gobernados un nuevo derecho. T odo parece indicar

que la iniciativa sólo pretendió garantizar el primero de los

supuestos; por tal, consideramos que sólo hubiera sido suficiente

la reforma al artículo 41.

D espués del tercer informe de gobierno de José L ópez Portillo

y ante una nueva legislatura, el diputado L uis M . F arías propuso

que la C omisión de G obernación y Puntos C onstitucionales con-

vocara a audiencias públicas sobre la ley reglamentaria concer-

niente a la parte final del artículo 6o. constitucional.

L a convocatoria fue publicada el 18 de noviembre de 1979, las

audiencias se llevaron a cabo del 21 de febrero al 6 de agosto de

1980, en total se celebraron veinte audiencias públicas en las que

se presentaron ciento treinta y cinco ponencias, que se llevaron a

efecto en diversas ciudades del país.



A pesar de lo anterior,

intereses de diversas clases impidieron la directriz normativa

reglamentaria del derecho a la información, aduciendo en cierta

medida atentar en contra de los principios que se circunscriben

a la libertad de expresión.

E s sabido que la palabra derecho tiene varios sentidos; podemos

entender el derecho como una ciencia, como una norma o sistema

de normas, como una facultad o poder frente al gobierno o a los

gobernados para hacer o dejar de hacer algo, o para exigir algo

bajo la protección de la norma y, finalmente, podemos entenderlo

como un ideal de justicia. D e estos cuatro sentidos, dos son

básicos: el derecho como norma o sistema de normas, llamado

usualmente derecho objetivo, y el derecho como facultad, que

recibe el nombre de derecho subjetivo.

18

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O



Cfr. L ópez A yllón, Sergio, El derecho a la información, pp. 84 y ss.

V illoro T oranzo, M iguel, Introducción al estudio del derecho, 6a. ed., M éxico,

Porrúa, 1984, pp. 5 y 6.

D esde el momento en que aparece consagrado en la C onstitu-

ción el derecho a la información surge la discusión sobre su

naturaleza jurídica. Para ponernos en el estado de la cuestión,

recordemos que tradicionalmente se acepta que la mayoría de las

C onstituciones

!

se dividen en dos elementos o partes básicas: la

orgánica y la dogmática. L a parte orgánica se refiere al E stado en

sí mismo y regula la forma de gobierno y de E stado, las facultades

y atribuciones de los órganos del poder, sus relaciones, controles,

etcétera. L a parte dogmática está dedicada a la posición política

del gobernado, habitante, individuo respecto al Estado y a los demás

hombres; asimismo, está dedicada a los derechos, obligaciones y

garantías de las personas y de los grupos sociales.

"

Respecto a la C onstitución Política de los E stados U nidos

M exicanos, podemos decir que la parte dogmática quedó com-

prendida en los primeros veintinueve artículos y que se contienen

por las llamadas “G arantías individuales”, mientras que la parte

orgánica comprende de los artículos 30 al 136.

E fectuada la reforma constitucional en 1977 a través de la cual

se reconoce el derecho a la información por adiciones a los

artículos 6o. y 41, resultó que tal derecho, estructuralmente

hablando, se consagra como garantía individual, y también, como

garantía formalmente política y materialmente social.

A hora bien, mientras que para Jesús Reyes H eroles el derecho

a la información es un derecho de la sociedad frente al E stado, de

la sociedad frente a todo ser humano y a la inversa, de cada hombre

frente a la sociedad, para otros es un derecho humano fundamental

y universal cuyos titulares son las personas y no la sociedad.

#

Por otro lado, para Ignacio Burgoa, toda persona física o

individuo, en su calidad de gobernado titular de las llamadas

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

19

!

E ntendida ésta como la ley fundamental conforme a la cual se organiza el gobierno

de un Estado y se regulan, entre otros elementos, las relaciones de los individuos o

gobernados con la colectividad.

"

Z arini, H elio Juan, Derecho constitucional, Buenos A ires, A strea, 1992, p. 27.

#

C itado por C astellanos L ópez, José de Jesús, “ D erecho a la información en

M éxico” , Revista de Investigaciones J urídicas, M éxico, Escuela L ibre de D erecho, 1987,

p. 494.

garantías individuales, goza del derecho subjetivo público que

consiste en que el E stado garantice, asegure o proteja la informa-

ción que pretenda obtener.

$

Por otro lado, durante las audiencias preliminares a la reforma

constitucional se puso de manifiesto la diferencia entre la libertad

de expresión como una garantía individual y el derecho a la

información como una garantía social de los receptores de la in-

formación, que fundamentaría el pluralismo ideológico de la

sociedad.

%

Similar postura se sostuvo en el dictamen de las co-

misiones respectivas de las C ámaras durante la discusión de la

iniciativa correspondiente. C onsideramos que, cuando se habla de

una garantía social, hay una relación entre dos o más grupos

desiguales por lo que la norma jurídica que contiene fundamentos

garantes de naturaleza social, lo que hace es proteger tales

relaciones entre desiguales, de tal manera que nivele sus intereses.

Por su parte, Jorge C arpizo piensa que la principal característica

de los derechos sociales es el estar enfocados, pero no únicamente,

a determinados sectores de la sociedad con ciertas desventajas y

desprotección.

N o se puede sostener categóricamente que estemos en presencia

de normas de carácter estrictamente social, ya que las facetas del

ejercicio del derecho a la información pueden variar según sus

circunstancias, por lo que en algunas ocasiones los titulares del

mismo pueden ser determinados sectores sociales, y en otras, es

un individuo afectado en un interés personal determinado o

determinable.

Otra de las ideas que se han considerado al respecto es la postura

que defiende que el derecho a la información es un derecho difuso

o de interés difuso.

M artha A licia M eza Salazar apunta que los derechos difusos

surgen como consecuencia de la complejidad de la vida moderna

y de los avances tecnológicos en la que a menudo el E stado o los

20

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O

$

Burgoa, Ignacio, “L a deuda pública externa, el derecho a la información y la

Suprema C orte” , Excelsior, 20 de abril de 1982.

%

C arpizo, Jorge, Estudios constitucionales, 2a. ed., M éxico, U N A M , 1983, p. 351.

gobernados pueden afectar intereses o derechos de grupos inor-

gánicos, incapacitados, entre otros, para organizarse por su

heterogeneidad y dinámica.

&

E sta autora señala que ciertas garantías sociales constituyen

verdaderas declaraciones pragmáticas o principios unilaterales

que involucran derechos difusos que sólo conceden derechos a sus

titulares, pero que no determinan una verdadera obligación a cargo

de los sujetos pasivos, convirtiéndolas en meras declaraciones

políticas.

L os derechos difusos, también llamados nuevos derechos so-

ciales, son aquéllos que no pertenecen efectivamente a ningún

grupo y, por lo tanto, carecen de representación, tutelan valores

estéticos, artísticos, culturales, etcétera, e implican una participa-

ción solidaria del E stado y de los particulares para defenderlos y

preservarlos.

Se considera que la C onstitución federal de 1917 ha incor-

porado en su texto vigente varios derechos de este tipo, entre otros

el derecho a la defensa y conserv ación del patrimonio artísti-

co, arqueológico y cultural de M éxico; el derecho a la planifica-

ción familiar; el derecho a la cultura, y el derecho a la infor-

mación.

'

A nte esta afirmación, no podemos tampoco admitir la posibi-

lidad de calificar el derecho a la información exclusivamente como

un interés difuso o transpersonal (por afectar en principio a la

sociedad, o a sectores de ésta que no se encuentran organizados

o asociados para la protección de sus intereses), pero es claro que,

aunque definitivamente sí sería el caso que alguna faceta del

derecho a la información, se haga valer por esta vía. T ambién es

cierto que no sería el único, ya que tal derecho, en su complejidad

y como ya lo hemos afirmado, además presenta situaciones en las

que encontramos de manera visible una afectación puramente

personal y directa.

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

21

&

M eza Salazar, M artha A licia et al., 75 aniversario de la Constitución Política de

los Estados U nidos M exicanos, M éxico, Porrúa, 1992, pp. 331 y ss.

'

Ibidem, p. 338.

Por otro lado, cabe aclarar que este tipo de intereses difusos

no se encuentran aún reconocidos por nuestro sistema jurídico (no

previsto por la legislación y negado implícitamente por la jurispru-

dencia), y a que para tener la posibilidad de ejercer cualquier ti-

po de derecho será determinante demostrar un legítimo interés,

personal y directo, punto por demás importante, pues aquí radica

uno de los principales aspectos para hacer posible la exigencia del

derecho a la información en algunas de sus facetas, principalmente

en aquélla de recepción.

A hora bien, para concluir respecto a tal naturaleza mixta,

solamente nos queda afirmar que este derecho a la información es

una garantía constitucional que supone un derecho subjetivo

público complejo; es decir, con distintas facetas divididas en dos

grupos de distinta naturaleza jurídica: algunas de ellas tendrán una

naturaleza de carácter colectivo y otras de carácter individual o,

mejor dicho, personal. A quéllas de carácter colectivo, a su vez,

pueden ser de dos tipos: social y transpersonal, este último

individualizable y exigible cuando se actualice el supuesto; o sea,

cuando se dé la afectación, canalizándose por vía de un interés

difuso.

!

A nte esta posición, sólo resta decir que el legislador, al no

reglamentar el derecho a la información consagrado en el artículo

6o. constitucional, sólo nos hace entender por tal derecho el todo

o la nada.

Otro problema relacionado con el artículo 6o. constitucional es

su redacción misma: “ el derecho a la información será garantizado

por el E stado”.

E n su composición morfosintáctica se utiliza una acción a

futuro, por lo que es necesario decir que cuando la C onstitución

22

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O

!

Cfr. F ix-Z amudio, H éctor, J usticia constitucional, ombudsman y derechos

humanos, M éxico, C omisión N acional de D erechos H umanos, 1993, p. 439. “ L os géneros

son los llamados ‘derechos e intereses colectivos’, que pertenecen a grupos sociales y se

dividen en dos categorías: la primera comprende a los denominados derechos sociales,

económicos y culturales, relativos a sectores sociales organizados en la defensa de los

mismos [...] en tanto que la segunda se integra con los que tienen carácter difuso, pues

[...] pertenecen a personas no identificadas que no están tampoco organizadas” .

reconoce la existencia de garantías no estamos ante una situación

futura sino presente, actual, y tal pareciera con esa redacción que

la intención del C onstituyente Permanente fue introducir una

norma programática.

Por otro lado, resulta obvio señalar que en un E stado de derecho

puede exigirse el respeto y cumplimiento de los derechos en dos

esferas jurídicamente bien definidas: la autoridad y los particula-

res; éstos deben hacerlo ante la autoridad competente, y aquéllos

con un mandamiento escrito por autoridad competente, por lo

que, con la actual redacción del artículo 6o., lo único que se

plantean son conflictos de interpretación.

Solamente anotamos que, en la reforma constitucional de 1977,

la valoración de la información se tomó de manera incompleta,

ya que, desde el punto de vista esquemático y estructural de la

C onstitución, estamos en presencia de una garantía individual

desde el punto de vista histórico, se puede aceptar como garantía

política; y, desde el punto de vista de la convivencia entre

gobernados, se complementa como garantía social. Por la función

y relación que guarda la información con los diferentes niv eles

de la estructura social, podemos decir que la reforma constitucio-

nal no ponderó el valor económico, cultural y social de la

información.

T an mal está el planteamiento constitucional del derecho a la

información que un presidente de la República puede comprome-

terse públicamente a reunirse con la prensa cada mes y después

no hacerlo sin que nadie pueda objetar algo; que los legisladores

puedan emitir leyes y decretos sin control social, o bien, que una

institución bancaria o comercial use a su arbitrio la información

personal proporcionada por sus cuentahabientes o clientes.

D esde nuestra perspectiva, consideramos que el derecho a la

información implica lo siguiente:

F rente al hombre

a) L ibertad de información: el hombre, por el simple hecho de

su existencia y por su propia naturaleza consciente, tiene una serie

de necesidades implícitas que constituyen las bases para su desen-

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

23

volvimiento en convivencia social. E stas necesidades se globalizan

en la libertad de información que comprende conceptos fundamen-

tales tales como el pensamiento, expresión, difusión, manifesta-

ción, acceso y protección, entre otros.

b) L ibertad de pensamiento: parte de la autoteología del indi-

viduo. E l hombre, por su naturaleza reflexiva y de razonamiento,

tiene la necesidad de crear, imaginar y producir ideas en su

interior.

c) L ibertad de manifestación de las ideas: el individuo, en el

ejercicio natural de pensar, tiene la necesidad de comunicarse y

expresar a otro su forma visionaria de las cosas.

d) L ibre acceso a la información: para nutrir su conocimiento

de cualquier circunstancia, el hombre tiene necesidad de buscar,

investigar e inmiscuirse en otro tipo de pensamientos y opiniones.

e) L ibertad de difundir información: en su constante conviven-

cia social, el hombre es susceptible de expresar su pensamiento

fundamentado en estudios y teorías con el objeto de propagar o

extender su pensamiento en la forma que elija.

f) Protección a su propia información: en la existencia de una

esfera íntima, el ser humano está constituido por elementos o

características que se traducen en formas de vida, gustos, forma-

ciones, tendencias y creencias, entre otras. E stos elementos o

características hacen la diferencia entre los hombres que, por el

ánimo de supervivencia entre unos y otros, necesitan salvaguardar

por lo menos su integridad tanto física como intelectual, respetan-

do de la misma forma la esfera íntima de los seres de su misma

especie.

g) D erecho a la veracidad: para el desarrollo físico-psicológico

del hombre en comunidad, el derecho debe garantizar que la

información producto de factores sociales, económicos, políticos,

entre otros estén fundamentados en la verdad.

F rente al Estado

a) E l reconocimiento al derecho a la información: este recono-

cimiento no solamente incluye al individuo en sí, sino a la sociedad

(gobernados).

24

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O

b) L a necesidad de reconocimiento y creación de un derecho de

la información: es necesario hacer la distinción entre el derecho

a la información y el derecho de la información, ya que para

nosotros, el primero es un derecho público e individual por medio

del cual se garantiza que el gobernado esté debidamente entera-

do de los diversos factores de índole social, político y económico

que se realicen en la sociedad y que afecten o no a la misma;

mientras que el segundo es el conjunto de normas jurídicas que

tienen como fin fundamental llevar el control del uso, goce y

disfrute de un bien inmaterial resultado del proceso social que es

la información.

c) L a creación de un ombudsman de los medios de comunica-

ción: como lo señala José L uis Soberanes F ernández,

en cualquier régimen democrático el reconocimiento del derecho de libertad

de expresión, y particularmente en los medios de comunicación social, resulta

esencial. E l mismo, evidentemente, estará limitado por otros derechos

igualmente fundamentales, como son los derechos a la verdad, al honor y

buen nombre, a la intimidad, etcétera; sin embargo, el problema está en la

forma de garantizar el adecuado ejercicio de dicha libertad de expresión [...]

normalmente cuando el E stado asume esa función, tiende a extralimitarse

convirtiéndola en control de lo expresado por los medios. Por ello, la

tendencia actual es el autocontrol —no la autocensura— de los propios

medios. A hora bien, para que dicho control sea eficaz, tiene que ser objetivo,

de ahí la trascendencia de que los mismos interesados creen una figura similar

al ombudsman, ya que por un lado se garantiza la libertad de expresión por

los propios interesados y, por otro, los derechos de terceros, sin necesidad

de intervenciones del E stado, que tienden a ser censurables.

!

F rente al derecho

a) D erecho a la intimidad, identidad personal, tema que será

abundado al tratar el referente a la protección de datos personales.

b) D eterminación del tipo de información, ya sea pública o

política, económica o social; así como la privada como son los

datos personales;

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

25

!

Soberanes F ernández, José L uis, “ Ombudsman de los medios” , El F inanciero, 10

de octubre de 1994, p. 11.

c)C ircunscripción del derecho a la información conforme a los

efectos de los derechos de terceros.

d) Restricciones del derecho a la información en contra de la

moral, los derechos de terceros, perturbación del orden público o

la provocación de algún delito.

e) A seguramiento del derecho del gobernado a tener acceso a

la información pública.

f)G arantizar al individuo como tal y a la sociedad la obligación

de la autoridad a informar determinando qué y cómo efectuarlo.

4. L

A IN F ORM A C IÓN JU RÍD IC A Y L A C RISIS E N SU M A N E JO

C on base en el sistema jurídico mexicano, podemos considerar

que la información jurídica es aquélla que se conforma de la

determinación de las fuentes formales del derecho.

E n efecto, al establecer que en toda sociedad debe existir un

orden jurídico que regule la convivencia social y que la sociedad

como tal pueda utilizar tal información, estamos hablando de un

reconocimiento que sobre la misma debe de dar el ordenamiento

jurídico.

Por tal, la información jurídica es aquélla que emana de uno o

varios órganos del E stado, bajo un procedimiento determinado

también en la ley, que darán contenido a las relaciones sociales

bajo los principios y valores del derecho como son el de bien

común, seguridad jurídica, principios generales del derecho, entre

otros.

L a determinación de la información jurídica está basada en

diversos aspectos:

a) L a información jurídica está determinada con base en un

nivel protector, restrictivo y coactivo del individuo en sociedad;

b)L a información jurídica, al igual que las otras informaciones

de diversas materias, conforman un conjunto de medios para

ejercer el poder;

c) El valor de la información jurídica se basa no solamente en un

conjunto de disposiciones que norman la vida del hombre en

26

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O

sociedad como poder político, sino que también involucran aspec-

tos individuales;

d) L a información jurídica es, por su propia naturaleza, nece-

saria para gobernantes y gobernados;

e)L a información jurídica implica la necesidad de una adecuada

estructuración, organización y sistematización para su conoci-

miento.

H éctor F ix F ierro señala que en un estudio clásico publicado

originalmente en 1970, Spiros Simitis hacía referencia a un

fenómeno que denominó la “crisis de la información jurídica”,

demostrando que ningún campo en el que se requiera el conoci-

miento de las normas y los procedimientos del derecho escapaba

a las crecientes dificultades para obtener la información rele-

vante.

!

L as razones o fenómenos que se plantean para determinar el

origen de la mal llamada crisis de la información jurídica se da

bajo tres factores:

a) E l acelerado avance tecnológico en todos los órdenes de la

sociedad, como uno de sus motores el avance tecnológico alimen-

tado, a su vez, por el conocimiento que también crece en forma

exponencial.

b) El llamado “Estado social” que no es más que la presencia del

E stado en la rectoría de carácter económico para corregir los

desequilibrios producidos por el liberalismo económico, y

c) E l fenómeno denominado como la “ juridización de la

sociedad” que postula el principio del E stado de derecho.

!!

E ste tercer fenómeno, que nos interesa más para los fines del

presente trabajo, lo abordaremos con mayor detalle más adelante.

E n resumen, continúa señalando H éctor F ix F ierro,

la aceleración del proceso de cambio social, así como la creciente intervención

del E stado en todas las esferas de la v ida social para regular y compensar

los desequilibrios que en ella se producen, particularmente en la economía

(E stado social), ha traído consigo un aumento en la producción de toda

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

27

!

F ix F ierro, H éctor, Informática y documentación jurídica, p. 27.

!!

Idem.

clase de disposiciones jurídicas que deben reglamentar esa intervención

(E stado de derecho), tanto en sus aspectos propiamente normativos y progra-

máticos como en los organizativos (creación de instituciones, órganos,

entidades, etcétera). A sí se da origen a una “ jungla normativa” que por su

impenetrabilidad resulta en ocasiones contraria a los principios de certeza

y seguridad jurídica que el E stado social de derecho se compromete a

defender.

!"

L a expresión “ crisis de la información jurídica” no es muy

afortunada atendiendo al fin u objeto que conlleva el contexto de

tal afirmación. E n efecto, si el problema estriba en encontrar o

delimitar las crecientes dificultades para obtener la información

relevante, estamos en presencia de un fenómeno meramente

documental o de acopio documental, es decir, una posible crisis

pero en el “manejo” de la información relevante, que en nuestro

caso será la jurídica, pero no así en una crisis de la propia

información jurídica, ya que para hacer estos fines, se podría ar-

gumentar una crisis no sólo de la información como fuente de algo,

sino de una crisis del derecho como ciencia u objeto de estudio.

Señalábamos que el fenómeno de la “ juridización en una

sociedad” es el que nos interesa enfocar con mayor detalle al

hablar de la crisis en el manejo de la información jurídica, y éste

se da por los siguientes motivos:

a) U n grupo parlamentario o administrativo que pretende

regular u ordenar conductas en una sociedad;

b) U n orden jurisdiccional que interpreta e integra las normas

jurídicas emanadas de los órganos señalados en el inciso a), y

c) G eneralmente un trabajo doctrinario que, a través de libros

y revistas, da sus puntos de vista particulares que conllevan un

estudio general o particular de la aplicación normativa o jurispru-

dencial que se da en una sociedad.

A nte esto, tenemos la existencia de tres elementos que confi-

guran las fuentes formales del derecho.

E studiamos ahora con mayor detalle los elementos integradores

de la legislación y la jurisprudencia en M éxico.

28

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O

!"

Ibidem, pp. 28 y 29.

Sobre la legislación, podemos decir que uno de los problemas

más frecuentes con el que nos encontramos los abogados al hacer

estudios documentales legislativos es determinar la eficacia en el

manejo de la misma información, precisar su validez y, conse-

cuentemente, su actualidad y vigencia.

Por otro lado, a partir de 1917, el C ongreso de la U nión así

como los órganos parlamentarios o legislativos de las entidades

federativas han tenido un gran cúmulo de trabajo que ha repre-

sentado un aumento, cada vez más frecuente, del número de leyes

o decretos legislativos que se dictan.

E ste tipo de trabajos han llevado también a precisar que la

juridización legislativa en M éxico ha provocado lo que señalába-

mos como fenómeno de la llamada “ crisis” en el manejo de la

información legislativa.

C onforme al maestro H éctor F ix-Z amudio, durante la época de

esplendor del órgano L egislativo, o sea, en el siglo X IX y los años

anteriores a la primera G uerra M undial, las funciones legislativas

fueron concentradas de manera predominante en los parlamentos,

y por ello se los calificó como órganos legislativos. E llo se debía

al predominio de las teorías del filósofo ginebrino Juan Jacobo

Rousseau, según el cual en el Parlamento se depositaba la “vo-

luntad general” , que se expresaba en la ley.

!#

Por otro lado, en todas las discusiones que a través del tiempo

hemos tenido sobre la división de poderes, siempre ha estado

presente la preocupación por el equilibrio de fuerzas.

C omo ha dicho la doctrina: “la ponderación de los distintos

intereses sin cancelar ninguno y la búsqueda de la armonía, exigen

el establecimiento de contrapesos”.

!$

D esde un punto de vista particular, la caracterización del Poder

L egislativo, como poder federal, responde a la trayectoria de las

tres grandes C onstituciones federales que han alcanzado vigencia

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

29

!#

F ix-Z amudio, H éctor, “L a función actual del Poder L egislativo” , El Poder

Legislativo en la actualidad, M éxico, C ámara de D iputados del H . C ongreso de la U nión,

U N A M , Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, p. 19.

!$

L ions, M onique, El Poder Legislativo en América Latina, M éxico, U N A M ,

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1974, p. 14.

en M éxico: la de 1824, la de 1857 y la de 1917. Pero en donde

se encuentra mayor similitud en materia de derecho legislativo,

es en las C onstituciones de 1857 y 1917.

E l derecho legislativo ha sido definido como el conjunto de

normas que regulan las funciones de uno de los órganos del poder

público: el Poder L egislativo.

!%

A simismo, establece su competencia y precisa el proceso de la

actividad legislativa, en la que colabora el Poder E jecutivo en

nuestro país, por la cual se formulan determinadas reglas jurídicas

de observancia general, a las que se da el nombre específico de

leyes.

!&

E l Poder L egislativo se caracteriza, apoyado en el derecho

legislativo, por:

- Se sustenta en la doctrina de la división de poderes original-

mente adoptada por las C onstituciones de C ádiz y A patzingán.

- C onstituye un poder por medio del cual y junto con los otros

poderes el pueblo ejerce su soberanía.

- Se establecen facultades para sus integrantes.

- Se determina que toda resolución del C ongreso tendrá el

carácter de ley o decreto.

Para sintetizar el derecho legislativo mexicano vigente, pode-

mos decir que éste establece un Poder L egislativo de tipo federal

(en consecuencia, también los habrá de tipo local, aunque exclu-

sivamente unicameral), de elección popular, autónomo en su

constitución y facultades, coordinado en sus funciones con los

otros poderes, permanente, de sistema congresional bicamarista,

colegiado, deliberante y conformador del régimen de derecho en

el E stado mexicano.

E n nuestro sistema jurídico se establecen cuatro tipos de

funciones inherentes al Poder L egislativo:

!'

30

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O

!%

Ochoa C ampos, M oisés et al., Derecho legislativo mexicano, M éxico, C ámara de

D iputados, X L V III L egislatura del C ongreso de la U nión, 1973, p. 22.

!&

Idem.

!'

C onsideramos prudente señalar que la doctrina sobre la materia señala en diferencia

el número, sin embargo, el esquema que nosotros tomamos, el cual casi siempre coincide

en general con otros autores, es el de M oisés Ochoa C ampos, idem.

I)F unciones de órgano generador: 1. F ormalmente legislativas,

2. M aterialmente legislativas.

II) F unciones de órgano interventor: 1. M aterialmente políti-

cas, 2. M aterialmente administrativas, 3. M aterialmente jurisdic-

cionales.

III) F unciones de órgano revisor: actos de control.

IV ) F unciones de órgano específico: de organización interior.

Por otro lado y como sabemos, la división de competencias

entre la F ederación y los estados se rige por el principio del

artículo 124 constitucional, según el cual las facultades no atribui-

das expresamente a la F ederación se entienden reservadas a las

entidades federativas. E sto significa que la competencia de los

estados es originaria y la federal es derivada.

D e esta manera, en el articulado de la C onstitución federal,

pero de manera primordial en el artículo 73, se establecen las

materias en las cuales tiene facultad exclusiva para legislar el

C ongreso de la U nión, entre otras están: crédito público, hidro-

carburos, minería, industria cinematográfica, comercio interior y

exterior, instituciones de crédito, energía eléctrica, legislación

laboral, fuerzas armadas, nacionalidad y naturalización, sistema

de pesas y medidas, etcétera.

L os estados tienen a su cargo actualmente lo relativo a la esfera

particular de sus habitantes, la vida interna cotidiana de la

comunidad, las contribuciones locales, etcétera.

C orresponde a los órganos legislativos estatales, por ejemplo,

la expedición de los códigos civil y penal y los relativos a los

procedimientos civiles y penales, etcétera.

Por su parte, los municipios pueden expedir “Bandos de policía

y buen gobierno”, así como reglamentos, circulares y otras

disposiciones de observancia en el ámbito de su jurisdicción;

tienen, además, la facultad de administrar los ingresos derivados

de los servicios públicos que proporcionen.

D e todo lo anterior podemos concluir que la función esencial

del Poder L egislativo consiste en establecer la ley; es decir, la

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

31

norma general, abstracta, objetiva y obligatoria, con sanciones

punitivas o sin ellas.

A hora bien, en cuanto a la materialización del trabajo legisla-

tivo que hoy en día podemos considerar como vigente, tenemos:

para fines del año de 1996, en nuestro país existían aproximada-

mente doscientas cuarenta leyes de aplicación federal;

"

el Diario

Oficial de la F ederación ha publicado durante los últimos cinco

años un promedio de setenta cuartillas diarias; en el trabajo

legislativo-administrativo de aplicación general, abstracta y obli-

gatoria, se utilizan aproximadamente cuarenta y tres tipos de

documentos entre leyes, acuerdos, decretos, bandos, códigos,

reglamentos, oficios, etcétera.

A nte esto, podemos afirmar, junto con F ix F ierro,

que los órganos encargados de velar por la coherencia y actualización de las

leyes como del orden jurídico en general desconocen cuál es el derecho

vigente o aplicable en un momento determinado, lo cual les impide prever el

efecto que cualquier nueva disposición tendrá sobre este orden, y por esto,

se hace amplio uso de la derogación o la abrogación implícitas, lo cual, en

un círculo vicioso, agrava el problema. L a carencia de información jurídica

confiable dificulta notablemente el trabajo parlamentario y se refleja en el

carácter fragmentario y poco técnico de las reformas legislativas.

"

Por lo que se refiere al trabajo jurisdiccional de nuestro país,

la situación no es nada favorable tampoco respecto a la identifi-

cación eficaz y congruente de la información jurídica que emana

de tales órganos.

Baste simplemente decir el importante número de órganos que

en nuestro país desarrollan actos jurisdiccionales, sean federales

o locales, judiciales o administrativos.

Si consideramos a los órganos federales judiciales, tenemos los

que conforman el Poder Judicial de la F ederación: la Suprema

C orte de Justicia de la N ación; el T ribunal E lectoral; los T ribu-

32

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O

"

E ntendemos por el término “ leyes federales” a la C onstitución general, leyes, leyes

orgánicas, leyes reglamentarias, leyes generales, leyes federales, códigos, dos estatutos,

dos presupuestos de egresos, una ordenanza, así como los códigos y leyes del D istrito

F ederal.

"

F ix F ierro, H éctor, Informática y documentación jurídica, p. 30.

nales C olegiados y U nitarios de C ircuito; los Juzgados de D istrito

y el C onsejo de la Judicatura F ederal.

E n cuanto a los T ribunales “administrativos” federales, conta-

mos con la Junta F ederal de C onciliación y A rbitraje; el T ribunal

Superior A grario; los T ribunales M ilitares; el T ribunal F ederal

de C onciliación y A rbitraje; el T ribunal F iscal de la F ederación.

Respecto a los tribunales locales judiciales y administrativos,

existen en cada entidad federativa y en el D istrito F ederal, los

Tribunales Superiores de Justicia con sus juzgados civiles y penales

generalmente;

"

las Juntas L ocales de C onciliación y A rbitraje;

los T ribunales C ontencioso-A dministrativos;

"!

los T ribunales L o-

cales de C onciliación y A rbitraje;

""

T ribunales E lectorales.

"#

A hora bien, ¿existe en nuestro país algún órgano federal o local

que conozca de la totalidad de las resoluciones emitidas por cada

uno de los órganos jurisdiccionales antes señalados?

C onforme a Simitis,

"$

las protestas contra el flujo indiscrimi-

nado de normas no son cosa nueva, pero sí lo son las características

y las dimensiones que ha asumido el problema, por tal, ante las

posibles soluciones de esta “ crisis”, uno puede considerar las pro-

puestas “tradicionales” o “ no tecnológicas” como las “ tecnoló-

gicas” en los siguientes términos:

Soluciones “no tecnológicas”

a) L a reforma del trabajo parlamentario, la reducción de las

leyes y la “salida judicial”.

b) E l tratamiento tradicional de la información.

D E REC H O E IN F ORM Á TIC A EN M ÉX IC O

33

"

Para determinar la integración de cada uno de ellos, es conveniente remitirse a las

leyes orgánicas de los poderes judiciales locales, así como a los reglamentos internos.

"!

N o todas las entidades federativas cuentan con estos tribunales.

""

E l nombre del tribunal varía en algunas entidades federativas.

"#

Para conocer con mayor detalle tales órganos jurisdiccionales federales o locales,

cfr. El sistema de administración y procuración de justicia en la República M exicana,

C D -ROM , M éxico, U N A M , Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994.

"$

C itado por F ix F ierro, H éctor, Informática y documentación jurídica, pp. 36 y ss.

Soluciones “tecnológicas”

C omo consecuencia de que las soluciones “ tradicionales” o “no

tecnológicas” no resuelven verdaderamente el problema de la

“ crisis (en el manejo) de la información jurídica” , se ha v uelto

la mirada hacia el instrumento más poderoso creado hasta ahora

para la realización de los más diversos y pesados trabajos de

tratamiento de la información: la computadora.

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A nte esto, hemos tenido en nuestras sociedades un planteamien-

to común de solución tecnológica que se amplía con la utilización

de las computadoras en el ámbito del derecho: la informática

jurídica.

L a aplicación de la computadora a los problemas de la infor-

mación jurídica, así como sus ventajas y aportaciones, ya han sido

argumentadas desde una perspectiva teórica en otra parte y las

realizaciones prácticas abundan a tal grado que, aparte de una

discusión sobre sus costos frente a otras técnicas, parece ocioso o

francamente extemporáneo hacer aquí una elaborada argumenta-

ción en su favor. E n realidad en muchos países, al menos una

aplicación de las computadoras al derecho, como es la documen-

tación jurídica, ha dejado de ser una curiosidad para convertirse

en herramienta de trabajo cotidiana e incluso imprescindible.

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34

JU A N JOSÉ RÍOS E ST A V IL L O

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Idem.

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Ibidem, pp. 38 y 39.